El Ocoeño

San José de Ocoa

Diversas organizaciones ambientalistas y comunitarias solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente la declaratoria de zona de riesgo ambiental e hídrica para el tramo del río Nizao que atraviesa el municipio de Rancho Arriba, en San José de Ocoa.

La petición fue entregada mediante un documento formal dirigido al ministro Paíno Henríquez y al procurador fiscal de Medio Ambiente en el municipio, Lic. Ramón Calderón, por entidades como la Fundación Mundo Verde, la Unión de Cronistas Policiales del país (UCROPORD) –filial Ocoa–, líderes ecologistas de El Maniel y otras instituciones locales.

Según los firmantes, esta medida está amparada en el artículo 47, capítulo III de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, y se fundamenta en la urgencia de frenar los daños al ecosistema provocados por lo que consideran una extracción descontrolada de agregados en la ribera del río.

“El Ministerio debe declarar dicho río como zona de riesgo ambiental, al menos de manera provisional, mientras se realizan estudios técnicos e hídricos de impacto ambiental”, afirmaron en el documento.

Un recurso vital en peligro

Los grupos destacaron la importancia estratégica del río Nizao, el cual abastece las presas Jigüey-Aguacate y el contraembalse de Las Barias en Baní, garantizando el suministro de agua potable y de riego a más de alrededor de 70 % del eje Valdesia hasta Santo Domingo, incluyendo provincias del Sur y el Gran Santo Domingo.

Además, solicitaron una inspección técnica del río que permita identificar los puntos críticos de mayor vulnerabilidad y, a partir de ello, desarrollar un plan de manejo integral de la cuenca hídrica.

Denuncias previas

La solicitud se produce luego de que las fundaciones Mundo Verde y Ocoa de Pie denunciaran recientemente que la empresa J.M., S.A. continúa extrayendo materiales del río en la zona de Los Quemados, pese a que el permiso ambiental emitido al INDRHI habría expirado en febrero, lo que representaría una infracción ambiental.

Las organizaciones también acusaron a otras granceras de haber operado durante años sin los debidos controles, provocando afectaciones ambientales severas al cauce del Nizao.

Llamado a las autoridades

Los firmantes del documento exigieron al Ministerio de Medio Ambiente aplicar sanciones conforme a la Ley 64-00 y prohibir totalmente la extracción de agregados en este tramo del río, hasta tanto se realicen los estudios que garanticen la protección del recurso hídrico.