El Ocoeño

Santo Domingo.

La gobernadora provincial de San José de Ocoa, Oliva Castillo de Peralta, entregó a las autoridades un informe detallado sobre las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) en el municipio de Rancho Arriba, las cuales, según denuncia, han provocado serias afectaciones sociales, económicas y humanas en comunidades locales.

El documento expone que en comunidades como La Vigía y La Peñita se han ejecutado operativos sin previo aviso, resultando en quemas de plantaciones de orégano, destrucción de propiedades privadas y allanamientos en terrenos titulados. En el caso de La Vigía, se detalla que una protesta comunitaria terminó con la muerte de un ciudadano en circunstancias aún no esclarecidas.

La entrega del informe tuvo lugar durante una reunión de alto nivel que contó con la participación del exsenador Pedro Alegría, el director de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán, el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, y otros funcionarios.

Denuncias de desalojos y violaciones de derechos

En el documento, las comunidades afectadas denuncian intentos sistemáticos de desalojo y violaciones a los derechos de agricultores que poseen títulos de propiedad legítimos, generando temor, indignación y desconfianza hacia las instituciones encargadas de la protección ambiental.

Medidas propuestas

La comisión recomendó al Gobierno una serie de medidas para atender la situación, incluyendo:

• Delimitación y publicación oficial de las zonas protegidas.
• Diseño de planes de manejo ambiental inclusivos.
• Indemnización a los afectados por daños a propiedades y cultivos.
• Esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos en La Vigía.
• Coordinación previa con autoridades locales antes de ejecutar operativos ambientales.

A pesar de las denuncias, los representantes locales reiteraron su compromiso con la preservación de los recursos naturales, subrayando la importancia de la gestión adecuada de las cuencas, las zonas protegidas y la adaptación al cambio climático como ejes de desarrollo sostenible para la provincia.

“Estamos comprometidos en preservar los recursos naturales de nuestra provincia para el bienestar presente y futuro de la sociedad dominicana. Eso es innegociable”, afirmó la gobernadora Oliva Castillo, al reiterar su disposición de trabajar junto a las comunidades y las autoridades para garantizar un equilibrio entre la conservación ambiental y la protección de los derechos de los productores locales.