El Ocoeño

Santo Domingo

El Senado de la República aprobó en sesión celebrada el 8 de enero de 2026 el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 21 de la Ley núm. 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, iniciativa sometida por el senador por la provincia San José de Ocoa, Aneudy Ortiz Sajiún, y que ya fue remitida a la Cámara de Diputados para su estudio y eventual aprobación, de acuerdo a una bota de prensa enviada a El OCOENO.COM

¿En qué consiste la modificación?

La iniciativa tiene como objetivo ordenar, transparentar y fortalecer la distribución y el uso de los recursos económicos que reciben los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales, estableciendo reglas más claras sobre en qué deben invertirse esos fondos y qué consecuencias tendrán las autoridades que no cumplan con la ley.

Principales aspectos del proyecto

Entre los puntos más relevantes de la modificación aprobada por el Senado se destacan:
• Distribución clara del gasto municipal:
• Al menos un 5 % del presupuesto deberá destinarse a programas de educación, salud y género.
• Un mínimo de 25 % deberá invertirse en obras de infraestructura, como construcción y mejora de edificaciones, adquisición de equipos y bienes muebles, y proyectos de desarrollo económico y social.
• Todo esto deberá realizarse respetando el presupuesto participativo municipal, garantizando la participación ciudadana.
• Uso exclusivo de fondos para residuos sólidos:
• Se excluyen de esta distribución los fondos provenientes de la tarifa mensual de RD$20 por habitante, establecida en la Ley de Residuos Sólidos, los cuales deberán usarse exclusivamente para la recolección de residuos y la adquisición de equipos y maquinarias destinadas a ese fin.

Régimen de sanciones

El proyecto establece sanciones claras y firmes para garantizar el uso correcto de los recursos municipales, disponiendo que los fondos destinados a inversión y capital no podrán ser transferidos a gastos corrientes; su violación por parte del alcalde o alcaldesa podrá conllevar su destitución, conforme a los procedimientos constitucionales. Asimismo, si el tesorero o el contralor municipal no denuncian ante las autoridades competentes cualquier irregularidad en el manejo de los fondos, también podrán ser destituidos por el concejo municipal, estableciéndose responsabilidad directa para las autoridades que permitan o encubran el incumplimiento de la ley, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta administración de los recursos públicos.

Un paso hacia una gestión municipal más eficiente

El senador Aneudy Ortiz Sajiún explicó que esta modificación busca fortalecer la institucionalidad municipal, garantizar que los recursos públicos lleguen realmente a las comunidades y evitar prácticas que perjudiquen el desarrollo local.

“Con esta ley se promueve una gestión municipal más responsable, transparente y orientada a resultados, asegurando que el dinero del pueblo se invierta donde realmente se necesita”, ha expresado el legislador.