El Ocoeño

San José de Ocoa

El Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa impuso una multa y una indemnización por RD$60 millones a la empresa Agroforestal MACAPI, así como una pena de dos años de prisión suspendida a su propietario por los daños ambientales ocasionados en Loma Redonda.

La sentencia, dictada por el juez Alfis Brandeli Castillo Castillo, determinó, además, dos años de prisión suspendida al agroempresario Manuel Castillo Pimentel.

Por gestiones de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren), el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, notificó la decisión al Ministerio Público, el pasado 10 de diciembre de 2025.

La sentencia condenatoria, marcada con el número 00010/2023 y dictada en fecha 11 de mayo de 2023, estaba pendiente de notificación.

La empresa y Castillo Pimentel fueron procesados por violación a las disposiciones de los artículos 40, 41, numerales 8 y 18, y párrafo II, 80,121, 122,124, 126, 138, 156, 174,175 numeral 1 y 183 de la Ley 64-00 Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales; artículos 62 numeral 1, 63, 64, Ley 57-18, Ley Sectorial Forestal de la República Dominicana; en perjuicio del Estado Dominicano.

La sentencia impone a Agroforestal MACAPI, S.A. y a Castillo Pimentel, al pago de una multa de 5 mil salarios mínimos (RD$50,000,000) a favor del Estado Dominicano y dos años de prisión en la cárcel Pública Baní Hombres, aunque la suspende por la aplicación del Artículo 341 del Código Procesal Penal.

El procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, resaltó que el tribunal condena a los procesados, además, a reparar y restaurar el área impactada de aproximadamente 100 tareas con un plan de reforestación con plantas nativas de la zona y supervisado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Contreras explicó que ese órgano del Ministerio Público, además de encauzar el proceso penal, se constituyó en actor civil, razón por lo que a los procesados se le impuso RD$10 millones de indemnización al Estado dominicano, “como justa reparación de los daños morales sufridos por este a causa de los ilícitos ambientales cometidos por el imputado”.

La empresa y Castillo Pimentel son responsables de daños ambientales que perjudicaron los recursos del suelo, la biodiversidad (flora, fauna y recursos hídricos), además de causar impacto ambiental en torno a la Loma Redonda, explica la acusación.

Estos daños incluyen la deforestación de más de 150 tareas, como resultado de la eliminación de especie de la vegetación nativa, como nin, jobo de puerco, guama, uva, palo hediondo, lino, caimito, candelón, cucaracha, bejucos, almácigo, caya, jabilla, bayahonda, entre otras.

Además, con sus acciones afectó una fuente hídrica, la cual dejó al borde del colapso, esto, como consecuencia de la deforestación en un área aproximada de cuatro tareas.

En adición a esto, construyó una explanada de 13 mil metros cuadrados y varios caminos carreteros con una longitud de nueve kilómetros y anchura de tres a cuatro metros.