San José de Ocoa
El juez ocoeño José Manuel Arias Martínez, titular del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, reveló que ha sido objeto de intentos de soborno por montos de hasta US$250 mil dólares con el objetivo de influir en decisiones judiciales.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo Batallando que se transmite por Cinevisión, conducido por el tambien ocoeño, periodista Dionisio Santana, donde el magistrado relató que recientemente una persona llegó a ofrecerle US$70 mil dólares directamente en su despacho, mientras que en otras ocasiones le han insinuado sumas mayores.
“A mí días atrás me fueron a ofrecer 70 mil dólares por una decisión. Y me han insinuado que hay hasta 250 mil dólares por una decisión”, afirmó.
Arias Martínez explicó que uno de los intentos estuvo vinculado a un expediente que ya había sido conocido y rechazado por él, lo que calificó como una señal preocupante sobre la persistencia de prácticas corruptas en el entorno judicial.
El magistrado fue enfático al rechazar cualquier posibilidad de ceder ante presiones económicas, asegurando que su integridad está por encima de cualquier oferta.
“Nunca tendrán, multiplicando por 30 su fortuna, con qué comprar un párrafo de una decisión mía. Porque yo me respeto y lo que soy es juez”, sostuvo.
Agregó que su principal compromiso es mantener en alto su nombre y el de su familia, evitando cualquier acción que pueda comprometer su honorabilidad.
Durante la entrevista, el magistrado subrayó que la función judicial debe estar sustentada en principios éticos firmes, al advertir que el cargo no garantiza la honorabilidad.
“Yo quiero ser honorable por mis actuaciones, no por el cargo”, expresó, al tiempo que afirmó que quienes administran justicia deben ser una “fortaleza ética” frente a cualquier tipo de presión.
Arias Martínez también cuestionó el enriquecimiento inexplicable de algunos funcionarios y advirtió sobre el impacto negativo que pueden tener ciertas decisiones judiciales en la percepción ciudadana.
“Da la sensación de que si alguien estafa 200 millones y devuelve 10, está todo resuelto”, señaló, al insistir en que cualquier acto de corrupción debe ser sancionado con la devolución íntegra de los recursos.
Asimismo, planteó la necesidad de que las salidas alternas en el sistema de justicia se apliquen de manera equitativa, sin privilegios para sectores de poder.
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