El Ocoeño

San José de Ocoa

El senador por San José de Ocoa, Aneudy Ortiz Sajiun, depositó recientemente en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca convertir la provincia en una zona de incentivos fiscales para la agroindustria, el turismo rural y las energías renovables. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales del Senado, donde deberá ser estudiada y dictaminada antes de avanzar en el proceso legislativo.

De acuerdo a una nota de prensa enviada a EL OCOEÑO, establece que: “El proyecto crea el Régimen Especial de Desarrollo Económico y Productivo de San José de Ocoa, un marco jurídico diseñado para atraer inversión privada al territorio mediante beneficios tributarios escalonados de hasta diez años, que incluyen exenciones de impuestos sobre la renta, aranceles de importación e ITBIS sobre bienes de capital”.

Diez años de incentivos con exenciones desde el primer día

Según el texto depositado, las empresas acogidas al régimen quedarían exentas del cien por ciento del Impuesto sobre la Renta durante los primeros cinco años de operación, y del cincuenta por ciento durante los cinco años siguientes. Además, podrían importar maquinarias, equipos y herramientas sin pago de aranceles, y estarían exentas del ITBIS sobre bienes de capital destinados a proyectos productivos aprobados. Los gobiernos locales de la provincia también quedarían facultados para reducir o eliminar tasas y arbitrios municipales a los proyectos beneficiarios.

El problema que la ley quiere resolver

El proyecto reconoce en sus considerandos un diagnóstico que los ocoeños conocen de cerca: la provincia produce cultivos de alto valor como café, aguacate, vegetales y hortalizas que abastecen el mercado nacional, pero esa producción se comercializa mayoritariamente sin procesos de transformación que eleven su valor económico. La escasa presencia de agroindustria local, sumada a limitaciones en infraestructura, acceso a financiamiento y mercados, ha reducido el dinamismo económico de Ocoa frente a otras provincias y ha contribuido al desplazamiento de población en busca de mejores oportunidades laborales.

Cinco sectores prioritarios y una condición clave para los ocoeños

Los incentivos aplicarían a cinco sectores declarados prioritarios: producción agrícola, agroindustria y procesamiento de productos, turismo ecológico rural y de montaña, energías renovables, y pequeñas y medianas industrias vinculadas a la producción local.

Para acceder a los beneficios, las empresas deberán cumplir condiciones específicas. La más directa para la población: al menos el setenta por ciento de sus empleados tendría que ser residente de la provincia. También estarán obligadas a promover la contratación de bienes, servicios y materias primas de productores locales, con el objetivo de fortalecer los encadenamientos económicos dentro del territorio.

Un consejo interinstitucional a cargo de la implementación

La ley crearía el Consejo para el Desarrollo Económico y Productivo de San José de Ocoa, órgano adscrito al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo e integrado por cinco ministerios, el gobernador provincial, representantes de los gobiernos locales, del sector empresarial y de las asociaciones de productores agrícolas. Este consejo evaluaría los proyectos que soliciten acogerse al régimen, supervisaría su cumplimiento y recomendaría la revocación de incentivos en casos de incumplimiento o uso indebido.

El control fiscal quedaría en manos de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, con facultad para realizar auditorías e inspecciones. Las empresas que hagan uso indebido de los beneficios o presenten información falsa estarían obligadas a reintegrar al Estado los tributos no pagados.

¿Qué sigue?

La Comisión de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales deberá estudiar y dictaminar el proyecto antes de que sea sometido al pleno del Senado. De aprobarse en ambas cámaras y ser promulgado por el Poder Ejecutivo, el gobierno tendría 180 días para dictar el reglamento de aplicación, y el Consejo debería quedar constituido en los primeros 90 días.