El Ocoeño

Santo Domingo

La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República depositó ante la Procuraduría General de la Repúblicaelexpedientede investigación sobre el proceso contractual entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT) y la empresa DEKOLOR, S.R.L, que reveló inconsistencias en la ejecución, registro de contratos y procesamiento de pagos relacionados con el servicio de emisión de licencias de conducir.

El documento emitido por la Unidad Antifraude,generado a partir de un informe financiero forense, detalla la evolución de la relación contractual entre el INTRANT y la empresa Dekolor, S.R.L., iniciado con la licitación pública núm. INTRANT-CCC-LPN-2019-0007, publicada el 8 de agosto de 2019., y formalizada mediante el contrato núm. DJ-CSB-001-2020, firmado el 7 de enero de 2020.

Posteriormente, se emitieron tres adendas: la primera, durante el período 2020-2021, queincluyó el servicio de examen médico psicofísico sin estar contemplado en los términos iniciales,no fue registrada ante la Contraloría; la segunda, en el año 2022, introdujo un incremento de precios sin justificación técnica suficiente y fue rechazada por la Contraloría por falta de documentación; y la tercera, registrada formalmente en el año 2022,reconoció la existencia de las adendas anteriores, sin que estas hubiesen sido regularizadas. Estas actuaciones evidencian serias debilidades en el cumplimiento del marco normativo, comprometiendo los principios de legalidad, transparencia y control administrativo.

La Unidad Antifraude al examinar los contratos suscritos por el INTRANT con las empresas DEKOLOR, S.R.L. y PAGORD XCHANGE S.R.L., incluyendo sus adendas, modificaciones y convenios complementarios, para verificar la legalidad y cumplimiento de los registros contractuales ante los órganos de control y requerir información mediante oficios institucionales a funcionarios del INTRANT, áreas administrativas y jurídicas, así como a otras entidades públicas y privadas vinculadas al proceso, determinógraves irregularidades, violaciones normativas y serias inconsistencias.

La empresa Dekolor, S.R.L. resultó adjudicataria del contrato para la emisión de licencias de conducir, con un monto fijado en RD$805.69 por cada servicio. No obstante, durante la revisión del contrato y sus adendas se identificaron inconsistencias relacionadas con los precios y los servicios contratados. Asimismo, se detectaron pagos realizados sobre la base de adendas que no fueron registradas en el sistema.

Por otra parte, se detectó que el convenio con PagordXchange, S.R.L., firmado en julio de 2021 para el cobro de servicios con una comisión del 10%, fue un mecanismo no aprobado por el órgano competentey no fue un contrato registrado formalmente, en violación de la normativa vigente.

Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron violaciones a la Ley núm. 10-07 sobre el Sistema Nacional de Control Interno, al Decreto núm. 3-19 sobre certificados médicos psicofísicos y a la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Estos incluyen:firma de contratos y adendas sin registro adecuado ante la Contraloría General, adjudicación de contratos sin publicación de ofertas económicas en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, modificaciones contractuales no justificadas,falta de transparencia en los procesos de contrataciónyconvenios firmados con empresas privadas sin criterios claros de selección ni registros oficiales.

En cuanto al comportamiento financiero del INTRANTentre enero de 2021 y julio de 2022, se constató la falta de conciliaciones bancarias adecuadas que permitieran transparentarel comportamiento de los cobros efectuados a través de los distintos mecanismos, incluyendoPagordXchange S.R.L.Asimismo, se detectaron conciliaciones sin las firmas requeridas, lo que debilita los controles internos y afecta la transparencia en la gestión y el debido recaudo de los fondos.

La Unidad Antifraude reitera su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del control interno en las instituciones del Estado. El informe fue remitido la Procuraduría General de la República para la profundización en los hallazgos, la determinación de responsabilidades y la aplicación de las sanciones previstas por la ley; de igual modo, fue remitido a la Dirección General de Contrataciones Públicas para los fines correspondientes.