El Ocoeño

Santo Domingo

El abogado y dirigente gremial Jhonny Aristy calificó como un paso positivo para la estabilidad institucional y el fortalecimiento del sistema de justicia el acuerdo alcanzado entre el Consejo del Poder Judicial y los representantes de jueces y servidores judiciales, tras las jornadas de protestas realizadas en demanda de mejores condiciones laborales.

Aristy destacó que el entendimiento logrado demuestra que el diálogo responsable, el respeto mutuo y la voluntad de encontrar soluciones constituyen las mejores herramientas para resolver los desafíos que enfrentan las instituciones democráticas del país.

“Ha prevalecido la sensatez. Este acuerdo envía una señal positiva al país, porque demuestra que es posible encontrar soluciones mediante el diálogo y la concertación. Fortalecer las condiciones de trabajo de quienes administran justicia es fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial”, expresó.

El también expresidente de la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA) sostuvo que la inversión en el capital humano constituye un elemento fundamental para garantizar una justicia más eficiente, moderna y accesible para todos los dominicanos.

“Los jueces y servidores judiciales desempeñan una labor esencial para la estabilidad democrática y el Estado de derecho. No puede existir una justicia eficiente si quienes la hacen posible no cuentan con condiciones laborales dignas y adecuadas para desempeñar sus funciones”, afirmó.

Aristy recordó que entre las principales demandas presentadas figuraban mejoras salariales, ajustes acordes con el costo de vida, la reducción de desigualdades entre distintas categorías judiciales y mejores condiciones de trabajo en los tribunales del país.

Asimismo, valoró el respaldo mostrado por la comunidad jurídica nacional y la solidaridad expresada entre jueces, empleados judiciales y profesionales del derecho durante el proceso de reclamación.

“Este proceso también evidenció que existe una preocupación legítima por fortalecer la administración de justicia. Los abogados litigantes, los usuarios del sistema y los propios servidores judiciales comparten el interés común de contar con tribunales más eficientes, modernos y con capacidad de respuesta oportuna”, señaló.

El dirigente gremial resaltó la importancia de la participación del Gobierno Central y del Ministerio de Hacienda para facilitar una salida consensuada al conflicto, evitando mayores retrasos en los servicios judiciales y garantizando la continuidad de las labores en los tribunales.

Indicó que, además de los ajustes salariales anunciados, el acuerdo contempla importantes medidas orientadas al fortalecimiento institucional, incluyendo ascensos y traslados de jueces, cobertura de vacantes y regularización de personal interino.

Aristy reiteró que uno de los grandes retos pendientes sigue siendo la mejora de la infraestructura física de los tribunales y las condiciones ambientales en las que diariamente trabajan jueces, servidores judiciales, abogados y ciudadanos.

“Los profesionales del derecho conocemos de primera mano las limitaciones que enfrentan muchas dependencias judiciales. Es necesario continuar avanzando en la modernización de los espacios físicos, la digitalización de los procesos y la ampliación de los recursos humanos para responder de manera más eficiente a las necesidades de la población”, manifestó.

Finalmente, expresó su confianza en que los compromisos asumidos se traduzcan en una mejora tangible del servicio de justicia y en una reducción de los retrasos procesales que afectan a miles de ciudadanos.

“Este acuerdo debe convertirse en el punto de partida para seguir construyendo una justicia más fuerte, más humana, más eficiente y cercana a la gente. Cuando se fortalece la justicia, se fortalece la democracia y el Estado de derecho”, concluyó Aristy.