El Ocoeño

Por Luis González Fabra

El consenso, un elemento introducido por monseñor Agripino Núñez Collado en la vida política de nuestro país ha sido desde ese tiempo un instrumento confiable para resolver diferencias por diversos asuntos.

El consenso permite la toma de decisiones informadas, fomenta el respeto mutuo y lleva a soluciones más efectivas. Cuando se llega a un consenso en una discusión, debate o reunión y luego este no se toma en cuenta al elaborar el documento final, obviamente se van a generar conflictos y tensiones entre las partes participantes en el diálogo quedando afectada la efectividad del documento al no tomarse en cuenta lo acordado.

Y esto al parecer es lo ocurrido con el Código de Trabajo que ha llevado a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) a emitir un comunicado firmado por 38 organizaciones comerciales en el que rechazan la aprobación del Código de Trabajo en primera lectura en el Senado de la República sin que se tomara en cuenta el consenso alcanzado en las reuniones que sostuvieron.

Los empresarios de la ACIS señalan en su documento que “esa objeción no se debe a una falta de acuerdo o empatía con la necesidad de mejorar las condiciones laborales de nuestros colaboradores”. Por el contrario, afirman,” los suscribientes siempre han estado y están a favor de un marco laboral justo y equitativo. Y enfatizan, sin embargó nuestra principal preocupación radica en la drástica desviación del consenso tripartito que se había alcanzado tras trece años de arduas discusiones entre sindicatos, gobierno y el sector empresarial.

De acuerdo con los empresarios y comerciantes, el proyecto aprobado por el Senado “se aleja de manera preocupante de los acuerdos previamente establecidos, lo que ha generado un justificado malestar en el sector productivo nacional”. Y continúan. “Resulta inadmisible que después de meses de negociaciones y esfuerzos por lograr puntos de encuentro, se apruebe una iniciativa que desconoce los compromisos, poniendo en riesgo la estabilidad jurídica y la competitividad de las empresas.

Las empresas firmantes pronostican que de aprobarse ese proyecto de ley” podría desencadenar una oleada de despidos de trabajadores, afectando seriamente el empleo formal en el país”.

Los legisladores participantes en esas prolongadas negociaciones, tomó años, según afirma el comunicado, deben ser cuidadosos en respetar los acuerdos a que se llega en discusiones con ciudadanos representantes de un sector importante de la economía nacional que tienen pleno derecho a sentirse desconsiderados cuando en sus conversaciones y acuerdos con los legisladores no parece por ningún lado lo acordado.

Este tipo de conducta, en lugar de mejorar y fomentar la comunicación efectiva, hace daño a un instrumento de diálogo como el consenso a la vez que afecta la confianza de quienes han recurrido a un mecanismo democrático para defender sus legítimos intereses en el marco del sistema político imperante en nuestro país.

Lo conveniente sería mejorar la comunicación entre las partes involucradas y los responsables de elaborar el documento final para juntos validarlo para garantizar que refleja el consenso alcanzado.

La transparencia, en estos casos, es fundamental mantenerla en todo el proceso de elaboración del documento para evitar malentendidos que luego producen retrasos en la conversión en ley, retrasos que en muchos casos significan años.

Si hay buena voluntad de las partes, como hay que presumir, lo prudente es hacer la revisión del proyecto de ley retomando el diálogo y tomando en consideración lo ocurrido para no repetir los mismos errores.

El sistema democrático, a pesar de todos los pesares, sigue siendo el más adecuado para resolver los conflictos mediante el diálogo y el respeto a lo acordado.