El Ocoeño

Por Miguel Soto E.

Haga usted sus cuentas.

Si usted que acaba de comenzar a leer estas anotaciones. Si no conoce la formula acérquese a un contable, matemático o sencillamente a una calculadora. Vea cuando es el presupuesto nacional de la República Dominicana y determine cuanto es el 10 % de esa cantidad y distribúyala entre los municipios y Distritos Municipales del país.

Los senadores acaban de aprobar Ley que abre la llave a alcaldes presentes y futuros para administrar a su antojo el presupuesto nacional lo que le da cabida al gusanillo de la corrupción y al despilfarro mayúsculos de presupuestos que hasta ahora aun limitados ha resultado parcialmente.

La pregunta es, ¿Qué es mas fácil, cumplir una ley ya establecido o crear una ley?
Recibiendo el 10 por ciento establecido por Ley, las alcaldías recibirían la soberanía legal que tienen y al mismo tiempo una administración sin la dependencia de la solidaridad o supuesta buena fe del gobierno de turno utilizados parcialmente para generar alianzas políticos electorales que han desequilibrado la democracia liberal convirtiéndola en una estructura señalada por los intereses en parte y un agradecimiento sin sentido en una sociedad de pleitesía hacia quienes hacen lo que le corresponde hacer.

Partiendo de la naturaleza de la ley, la propuesta de abrir la llave a los alcaldes es irresponsable y coloca en estado de vulnerabilidad los controles que deben existir básicamente por la naturaleza humana en la administración de recursos y desprotege la colocación de recursos públicos hoy obligatorios en capítulos obligatorios.

Creo que el Senado de la República debe retractarse y dirigir los esfuerzos hacia el hecho de que el gobierno central aplique el 10 % a la municipalidad como lo establece la ley y de paso hacer que se complete el 5 % de la UASD y emplazar a explicaciones de distribución y uso del 4 % en Educación a propósito de lo no invertido en la mejoría de la calidad en libros de textos, desayuno escolar y mejoría en la calidad de vida de los docentes.

El gobierno central limita a quienes fueron escogidos por el voto popular (alcaldes y regidores) la posibilidad de hacer gobiernos locales independientes y de respuesta correcta a las ciudades.
Pero, no es que esa oportunidad limite fuerza.

Ningún alcalde del país (que yo sepa) ha impulsado movimientos o iniciativas legales ante la Suprema Corte de Justicia que obligue al gobierno central a cumplir con el 10 % del presupuesto nacional a los gobiernos locales.

Tampoco (reitero, que yo conozca) ningún legislador ha elevado una resolución que solicite, exija al gobierno central el cumplimiento de la Ley que establece el 10 % del presupuesto nacional a las alcaldías.

Del 2004 a hoy en día, muy especialmente del 2012 en adelante todo lo positivo que pueda mostrar un alcalde lleva el sello de “gracias a la presidencia de Fulano de Tal…”