El Ocoeño

Por Luis González Fabra     

Todo lo que hagan las autoridades para someter al orden a los motoristas será aplaudido por una ciudadanía que ha llegado al limite de su paciencia frente a la conducta irracional, agresiva y hasta violenta de quienes se han convertido en verdaderas fieras sobre dos ruedas que parecen no reconocer autoridad alguna.

 La Policía y los organismos responsables del tránsito han iniciado nuevamente operativos para retirar de las calles a motociclistas que circulan sin licencia, sin matrícula, sin seguro, en muchos casos, sin portar un casco protector. La medida no es nueva, pero sí necesaria. Lo que resulta novedoso es que las autoridades parecen haber comprendido que el problema ha alcanzado dimensiones que amenazan la seguridad publica.

 Las redadas y controles responden a una realidad dramática: la elevada mortalidad que provocan los accidentes de motocicletas. Los números hablan con una contundencia imposible de ignorar. Durante el año 2025 el 59.3% de todas las muertes por accidentes de tránsito correspondió a motociclistas. En cifras absolutas, fueron 949 vidas perdidas. Y si observamos el comportamiento histórico, la situación  resulta todavía más preocupante: entre el 68% y el 75% de las victimas fatales de accidentes de tránsito han sido conductores o pasajeros de motocicletas.

Nuestro país cuenta actualmente con alrededor de 3.8 millones de motocicletas registradas, equivalente al 57.9 del parque vehicular nacional.

Según análisis publicado por el periódico El Dinero, basado en datos de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Junta Central Electoral, en el país existe aproximadamente una motocicleta por cada dos personas adultas.

La motocicleta se ha convertido en una herramienta importante para miles de dominicanos. Es un medio de transporte económico, ágil y accesible. El problema no es la motocicleta; es el uso irresponsable que una gran parte de sus conductores hace de ella. Basta recorrer cualquier ciudad o pueblo para ver motociclistas desplazándose en vía contraria, irrespetando semáforos en rojo, circulando por las aceras, y trasladándo familias completas sin protección o conduciendo a velocidades temerarias.

 Las consecuencias son devastadoras. Dos tercios de las victimas de accidentes en motocicleta son hombres entre los 15 y 29 años de edad. Es decir, estamos  perdiendo jóvenes que se encuentran en la era más productiva de su vida. Cada muerte representa una tragedia familiar, pero también una pérdida económica y social para el país. 

Ante esta realidad resultan pertinente examinar el papel de la Escuela Nacional de Educación Vial(ENEVIAL), dependencia de INTRANT encargada de desarrollar programas de formación para conductores, motoclistas y estudiantes. Las autoridades deben evaluar con rigor si esa institución está cumpliendo efectivamente su misión educativa y si los programas actuales están produciendo cambios reales en la conducta de quienes manejan vehículos en las vías públicas.

 La educación sigue siendo el camino correcto para enfrentar el problema. Pero no bastan charlas ocasionales ni cursos breves que terminan convirtiéndose en simples requisitos burocráticos. La magnitud de la crisis exige medidas más profundas.

La educación vial y la educación ciudadana deberían formar parte de un programa intensivo de formación con una duración mínima de seis meses, similar a los programas de inmersión que se utiliza para la enseñanza de idiomas. Y solo quienes aprueben  satisfactoriamente ese proceso tendrían derecho a presentarse a exámenes para obtener una licencia de conducir motocicletas.

Las carreteras, calles y avenidas no pueden seguir siendo escenarios de una guerra cotidiana donde mueren miles de dominicanos cada año.  El respeto es condición indiscutible para preservar vidas. Hay que formar ciudadanos.  En cada motocicleta mal conducida hay una amenaza potencial para la vida propia y para la de los demás.