El Ocoeño

Por Efraín Arias Valdez

En torno a las organizaciones cooperativas se ha difundido mucha desinformación, en ocasiones con el evidente interés de distorsionar su naturaleza jurídica, afectar su credibilidad institucional y utilizar el desconocimiento del sistema cooperativo como herramienta de ataque político contra personas con trayectoria pública.

El cooperativismo no puede ni debe ser analizado desde la ligereza, el prejuicio o la conveniencia coyuntural. 

Se trata de un modelo económico y social sustentado en principios universales, tales como la membresía voluntaria y abierta, el control democrático de los miembros, la participación económica de los socios, la autonomía e independencia, la educación cooperativa, la cooperación entre cooperativas y el compromiso con la comunidad. 

Estos principios, recogidos en los estatutos cooperativos, demuestran que las cooperativas no son estructuras improvisadas ni instrumentos personales, sino entidades organizadas conforme a reglas internas, órganos de dirección, mecanismos de fiscalización y valores propios del movimiento cooperativo.

En nuestro país, el sistema cooperativo ha tenido importantes referentes y entre ellos se destaca el hoy senador de la provincia Peravia, profesor Julito Fulcar, cuya experiencia, formación y compromiso han contribuido al fortalecimiento del cooperativismo dominicano y a la proyección de sus buenas prácticas más allá del territorio nacional. 

Su conocimiento del sector no puede ser reducido a lecturas interesadas ni a ataques circunstanciales, porque su trayectoria ha estado vinculada a la promoción de un modelo basado en la educación, la organización, la solidaridad, la responsabilidad social y la participación democrática.

Justo por eso resulta preocupante que, en determinados espacios de comunicación, se pretenda presentar a las cooperativas como si fueran instituciones públicas sujetas al mismo régimen jurídico de los órganos estatales, desconociendo su verdadera naturaleza.

Las cooperativas son entidades de carácter privado, constituidas por sus asociados, administradas democráticamente por ellos y sujetas a las leyes especiales del cooperativismo, a sus estatutos y a sus órganos internos de dirección, administración y control.

Esta precisión no es menor.

Confundir una cooperativa con una institución pública no solo revela desconocimiento, sino que puede servir de base para imputaciones injustas, juicios mediáticos y campañas de descrédito como acontece.

Las cooperativas manejan recursos de sus socios, funcionan bajo reglas propias, celebran asambleas, eligen sus órganos de dirección, cuentan con consejos de administración y vigilancia y responden a un modelo asociativo distinto al de la administración pública.

Frente a este escenario, resulta valioso que voces conocedoras del cooperativismo hayan decidido fijar posición.

Tal es el caso de Francisco Luciano, una persona con amplios conocimientos del sistema cooperativo, quien, sin ser militante ni simpatizante del partido oficial, sino dirigente de la Fuerza del Pueblo, ha dado un paso al frente para desmontar informaciones maliciosas y aclarar conceptos fundamentales. Su intervención adquiere mayor valoración precisamente porque no responde a una defensa partidaria, sino al deber de proteger la verdad y la institucionalidad del movimiento cooperativo.

Cuando una persona conocedora del tema, situada incluso en una acera política distinta, reconoce que se están difundiendo falsedades o manipulaciones sobre el cooperativismo, queda claro que el debate no debe reducirse a simpatías partidarias. Lo que está en juego es la defensa de un sistema económico que ha servido para organizar comunidades, fomentar el ahorro, promover el crédito solidario, impulsar proyectos productivos y mejorar las condiciones de vida de miles de asociados.

El cooperativismo dominicano merece ser discutido con seriedad, no con prejuicios. Quien tenga observaciones, críticas o denuncias debe formularlas basándose en hechos, documentos y normas aplicables; no desde la confusión deliberada entre lo público y lo privado, ni desde el interés de dañar reputaciones personales o institucionales.

Las cooperativas, como toda organización humana, pueden y deben ser fiscalizadas conforme a su régimen legal y estatutario, pero esa fiscalización debe hacerse con rigor, responsabilidad y respeto a su naturaleza jurídica. 

Pretender deslegitimar todo un sistema mediante desinformación no fortalece la transparencia, por el contrario; debilita una de las formas más nobles de organización económica y social: aquella que se construye sobre la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad.

En tiempos de la post verdad en que la opinión pública puede ser fácilmente manipulada por discursos interesados, es necesario defender la verdad, la institucionalidad y el valor histórico del cooperativismo. No se trata de blindar a nadie frente al escrutinio, sino de exigir que el debate se haga con fundamento, sin distorsiones y sin convertir una noble herramienta de desarrollo social en blanco interesado para ataques políticos.

Atacar el cooperativismo desde la desinformación no es fiscalizar; es confundir. 

Fiscalizar exige pruebas, conocimiento del régimen jurídico aplicable y respeto por la verdad. Lo contrario es utilizar la ignorancia como arma política y poner en riesgo la confianza en instituciones que han servido durante años al desarrollo económico y social de  sus asociados y del país.