El Ocoeño

Por Rafael Nino Feliz

El feminicidio es uno de los grandes problemas sociales, humanos y familiares de la nación dominicana. Es el primero en ganar, para espanto de la sociedad y del mundo, las primeras páginas de la prensa del país. Se muestra desnudo, como espanto, para toda la sociedad. Viene gráficamente y siempre ensangrentado. Lo acompañan la muerte, la tragedia y la orfandad. El miedo espeluznante. Las lágrimas en el rostro. El o la niña, sin mamá.

¡Cuántas cosas acompañan al feminicidio como infierno ambulante, disociador e impune! Pero falta una cosa. La respuesta estatal para enfrentar el mal. Y eso no es de ahora, porque nunca ha habido en ninguna gestión. Parecería ser que definir políticas públicas para detener este terrible asunto no está en la agenda de ninguna gestión de gobierno. ¿Cuál es la razón?

Se explica por sí mismo, y con mucha razón. Será, quizás, porque no tiene gran contratación.

No será justo negar que desde alguna instancia gubernamental, como el Ministerio de la Mujer u otras instituciones, se hayan realizado infinitas actividades, proyectos y programas puntuales.

Lo que tenemos muy claro es que hay que plantearlo con sinceridad: los gobernantes no han asumido como un asunto de Estado la dimensión social y humana de ese despreciable mal que afecta a la nación. El Estado no interviene, como debería hacerlo, en este problema cardinal.

Pasemos a ver algunos datos estadísticos para graficar un poco el asunto sobre el feminicidio, a fin de poder observar sociológica y matemáticamente la pandemia absurda, criminal y machista que persigue a las mujeres para asesinarlas, cómo y dónde sea posible cercarlas.

Estadísticas confiables, por muchas razones, de la Universidad Intec —que no hay necesidad de explicarlas en este trabajo— nos dicen que en el período entre 2019 y 2023, es decir, de cuatro años, el país registró al menos 730 muertes de mujeres en condiciones de violencia, ubicándose constantemente entre las cinco tasas más altas de feminicidio en América Latina y el Caribe (con una tasa de 2,4 por cada 100 000 mujeres).

Por otra parte, la Fundación Vida sin Violencia ha reportado un incremento del 74 % de aumento del fenómeno del feminicidio en los primeros seis meses del presente año (2026), con relación al período anterior, contabilizando 47 mujeres asesinadas.

En decenas de artículos que he publicado en este medio, la reiteración sobre la necesidad de que el Estado dominicano asuma su responsabilidad de diseñar, elaborar y ejecutar un programa de educación cívica ha sido una constante. Es bueno que el pueblo sepa que el país no tiene un solo proyecto ni programa local ni nacional para elevar el nivel educativo y cultural en materia de civismo de nuestros niños, jóvenes y adultos.

Peor aún, la enorme cantidad de dinero del Estado gastado en publicidad, ni el 4 % dedicado por la ley a Educación, utiliza un solo centavo para abordar un tema tan sensible como el feminicidio, que nos avergüenza a todos los que amamos y tenemos un compromiso patriótico con la nación dominicana.