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Senador Ocoa cree es falta grave no hacer declaración jurada de bienes; diputada Yary aún no la ha presentado

Santo Domingo

El senador José Antonio Castillo, por la provincia San José de Ocoa, consideró hoy como una falta grave que, en lo que va de gestión del gobierno, una gran cantidad de funcionarios aún no hayan hecho su declaración jurada de bienes como manda la ley.

Castillo expresó que cada funcionario público está en la obligación de hacer su rendición de cuentas a tiempo para que no se vea afectado su nivel de responsabilidad de cumplir con su deber de transparencia y la ley.

El legislador lamentó que prácticamente algunos funcionarios han hecho una costumbre pasar por alto el hacer el debido proceso en la entrega de su declaración jurada de bienes a tiempo, considerando que la falta de medidas drásticas ante el incumplimiento, es una de las causas que lo motiva.

“Eso se veía venir. Lo que sucede es que debería haber consecuencias y hasta el momento no estamos viendo algún tipo de consecuencias y por eso aparentemente algunos funcionarios siempre van a incumplir con ese deber”, destacó José Antonio Castillo.

El grito de Adocco. Recientemente la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), basándose en datos de la Cámara de Cuentas, dio la voz de alarma sobre el tema.

La denuncia de la entidad que preside Julio César de la Rosa destaca, que alrededor de 4,000 servidores han incumplido con la norma que establece la Ley 311-14, del Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.

Una de las que se encuentra en esa lista es la diputada por Ocoa, Yary Encarnación, quien es sola de las pocas diputadas por el PRM que no han presentado su declaración jurada de patrimonio hasta la fecha de hoy.

La Ley 311-14 en su artículo 14 indica que los funcionarios públicos en funciones están obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes y de no realizarla dentro del plazo que estipula dicha ley estarían incurriendo en faltas graves, según sea el caso, que están establecidas dentro de la Ley 41-08 de Función Pública, la cual indica que estas faltas darían paso a la destitución de su cargo.

Redacción El Ocoeño

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