El Ocoeño

Santo Domingo

El abogado y analista jurídico Luis Hernán Matos advirtió este lunes sobre las implicaciones sociales y éticas de convertir la colaboración en los procesos penales en una vía para eximir a imputados de responsabilidad penal, en particular en casos vinculados a corrupción administrativa que afectan servicios sensibles como la salud pública.

“¿Qué mensaje estamos mandando a la población? ¿Robar mucho y colaborar luego con el Ministerio Público? Eso no es así. Estamos enviando un mal mensaje. Esa no es la cultura que queremos tener en la República Dominicana”, sostuvo Matos durante una entrevista en el programa El Nuevo Diario AM, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Aunque reconoció que el ordenamiento jurídico permite la figura de la colaboración penal, el jurista aclaró que ésta no debe implicar exoneración total, sino la posibilidad de que el Ministerio Público solicite una sanción menos gravosa, sin que eso elimine la responsabilidad del imputado frente al delito cometido.

Críticas al manejo del caso SENASA

Durante la entrevista, Matos también se refirió a las medidas de coerción impuestas a los imputados en el caso SENASA, donde se investigan irregularidades administrativas en la pasada gestión del Seguro Nacional de Salud.

Valoró como “atinada” la imposición de 18 meses de prisión preventiva a algunos de los principales involucrados. Sin embargo, expresó su desacuerdo con las medidas más leves impuestas a otros, como garantía económica, prisión domiciliaria o presentación periódica, aun cuando hayan ofrecido colaboración al Ministerio Público.

“Aunque hayan colaborado, eso no quita que hayan cometido un hecho delictivo. Este caso no afectó solo lo institucional, sino directamente la salud de las personas. Es muy delicado”, puntualizó.

“No es aceptable pasar la Navidad en casa tras atentar contra la salud pública”

Matos enfatizó que en un proceso de esta naturaleza, que toca servicios esenciales como el acceso a medicamentos, quimioterapias o tratamientos de alto costo, la consecuencia humana debe pesar más que la conveniencia procesal.

“No es admisible que imputados de este tipo de hechos pasen tranquilos la Navidad en sus casas, mientras muchos dominicanos sufrieron por falta de atención médica. Esto no fue un atentado más: fue contra la vida misma de la gente”, denunció.

El abogado reconoció que las medidas de coerción no son juicios de fondo ni deben usarse como castigo anticipado, pero advirtió que el Ministerio Público debe ser consciente del mensaje público que envía cuando otorga flexibilidad a los acusados en casos tan sensibles.