El Ocoeño

Santo Domingo.

El titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, aseguró que los siete imputados del caso SENASA que cumplirán prisión preventiva no recibirán privilegios dentro del sistema penitenciario, pese a su perfil profesional, político o social.

Entre los detenidos figura el exdirector de la institución, Santiago Hazim Albainy, señalado por el Ministerio Público como el principal responsable del supuesto entramado de corrupción administrativa que habría desfalcado al Seguro Nacional de Salud. Junto a él cumplen 18 meses de prisión preventiva Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

“La sociedad se dará cuenta de cómo esas personas, independientemente de su estatus, cumplirán la medida con trato digno, pero sin ningún tipo de privilegios”, declaró Santana en una entrevista concedida al programa El Día, conducido por los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

Seguridad y observación

El director de Prisiones explicó que todos los imputados ingresan a una fase de observación, como ocurre con cualquier privado de libertad, y que su ubicación final será decidida conforme a criterios de seguridad judicial y penitenciaria.

“No se pueden colocar en un pabellón con 300 internos. Hay una situación de crispación social en torno a este caso, y nuestra responsabilidad es garantizar la integridad física de estas personas”, señaló.

Santana enfatizó que la prisión preventiva será cumplida en los centros penitenciarios dispuestos por la justicia y que la ciudadanía puede tener la certeza de que se respetarán tanto las órdenes judiciales como los derechos fundamentales de los internos, dentro del marco legal.

Atención médica garantizada

Respecto al estado de salud del exdirector Hazim, Santana indicó que, en la medida en que las autoridades puedan ofrecerlo dentro del contexto de encierro, se le brindará atención médica tanto física como mental, si así lo requiere.

Vigilancia también para arresto domiciliario

El funcionario aclaró que el sistema penitenciario también es responsable de vigilar el cumplimiento del arresto domiciliario de otros imputados a quienes el tribunal impuso medidas menos gravosas, como Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes se les ordenó garantía económica, impedimento de salida del país y prisión domiciliaria.

“La prisión domiciliaria también debe ser monitoreada. Hay que verificar que el imputado permanezca donde se le ha ordenado, y también observar el entorno”, explicó Santana.

El caso SENASA ha generado gran atención nacional por su impacto en el sistema de salud pública. Las imputaciones incluyen supuestos actos de corrupción que habrían afectado el acceso a medicamentos, tratamientos oncológicos y servicios esenciales, afectando a miles de ciudadanos.