El Ocoeño

Por Luis González Fabra

Nuestro país, como cualquier nación que aspire al desarrollo económico y social de manera sostenible, requiere la coherencia de las políticas públicas como elemento indispensable. No basta con diseñar planes bien redactados ni presentar estrategias en conferencias en espacios bien refrigerados; es imprescindible que las instituciones encargadas de ejecutarlas actúen de manera alineada, sin contradicciones y con una visión compartida. De eso se trata la coherencia oficial: que cada ministerio y cada responsable de políticas públicas remen en la misma dirección.

El presidente Abinader se ha esforzado en impulsar la descentralización administrativa, para que los trámites de perisología no atrasen proyectos importantes ni afecten inversiones y creación de empleos.

Por esas directrices presidenciales, entendidas como políticas públicas, llama la atención que la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (ACOPROVISI) se queje públicamente, a través de su presidente, el ingeniero Sandy Rodríguez, de «la persistente lentitud y falta de respuesta en los procesos de autorizaciones ambientales gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales».

La misma preocupación fue expresada por el señor Marcos Santana, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS). Ambos dirigentes hicieron sus declaraciones en una rueda de prensa convocada en Santiago.

Hasta hace pocos meses, esos permisos eran manejados por oficinas regionales que operaban en Santiago y Puerto Plata. Ahora, sin causa justificada, las solicitudes deben enviarse a la capital, a las oficinas centrales del Ministerio de Medio Ambiente. Este cambio, según los dirigentes empresariales, ha provocado que expedientes que antes se resolvían en un plazo razonable de 30 a 60 días tarden ahora entre doce y hasta veinticuatro meses.

Ese tipo de medidas adoptadas por Medio Ambiente es precisamente lo que debe evitar el Poder Ejecutivo. Esta desarticulación no solo debilita la confianza ciudadana, sino que genera ineficiencias que cuestan tiempo, recursos y oportunidades de progreso. Lo mismo ocurre cuando se promueven discursos de sostenibilidad y protección de recursos naturales, pero se autorizan construcciones en zonas vulnerables o intervenciones sin estudios de impacto.

El problema no es la ausencia de políticas públicas; es que muchas veces se superponen, se contradicen o se ejecutan sin una visión de Estado unificada. Entonces, la ciudadanía percibe estas incoherencias como improvisación o desorden, cuando en realidad se trata de una falla estructural que requiere coordinación y seguimiento.

La coordinación debe ser continua, no solo en reuniones ocasionales o consejos de gobierno, sino mediante mecanismos que obliguen a las instituciones a dialogar, compartir información y armonizar decisiones. Solo así se puede garantizar que cada organismo cumpla su parte, evitando que las responsabilidades se diluyan en el laberinto burocrático.

La coherencia del Estado es un signo de respeto a la ciudadanía. Los ciudadanos esperan reglas claras y acciones predecibles. La incoherencia alimenta el escepticismo y la desconfianza, dos males que erosionan la convivencia democrática. No es un lujo: es una necesidad ética y práctica. Un Estado que habla con una sola voz inspira confianza, reduce costos y produce resultados duraderos. Avanzar hacia la coherencia es clave para fortalecer las instituciones y asegurar que las políticas públicas tengan un impacto real y sostenido.

Ya no basta comunicar buenas intenciones, que las hay. Los tiempos exigen resultados visibles, políticas consistentes y un aparato estatal capaz de hablar con una sola voz. Apostar por la coherencia oficial no es un ejercicio académico: es una necesidad para avanzar hacia instituciones fuertes, un Estado eficiente y una sociedad que confíe en sus autoridades.