El Ocoeño

Por Luis Gonzalez Fabra

Apoyo sin reservas la decisión del presidente Luis Abinader de declarar como «terrorismo ambiental» las acciones deliberadas que provoquen daños graves a los parques nacionales y otros ecosistemas protegidos del país.

La expresión puede parecer dura. Pero más duro es contemplar una montaña convertida en cenizas, una cuenca hidrográfica destruida o un parque nacional invadido y depredado ante la indiferencia de quienes tienen la obligación de protegerlo.

Los bosques no son un lujo paisajístico ni un simple adorno de nuestras montañas. Constituyen una de las infraestructuras naturales más valiosas de la nación. De ellos dependen el agua que bebemos, la fertilidad de nuestros suelos, la vida útil de nuestras presas, la riqueza de nuestra biodiversidad y la capacidad del país para enfrentar un clima cada vez más extremo.

Por eso, destruir deliberadamente un bosque protegido no puede seguir considerándose una infracción ambiental cualquiera. Quien incendia, tala o invade conscientemente un área protegida no solo destruye árboles: compromete fuentes de agua, amenaza comunidades y ocasiona un daño que deberán pagar generaciones que todavía no han nacido.

Pero el decreto y la voluntad del presidente Abinader, aunque importantes, no son suficientes. Tampoco puede seguir siendo esta una tarea exclusiva del Gobierno o de los ambientalistas. La defensa de nuestros recursos naturales debe convertirse en un compromiso nacional que involucre a productores, comunidades, empresas, escuelas, universidades y ciudadanos.

Tenemos que entender, de una vez por todas, que defender nuestros bosques es un acto de inteligencia, patriotismo y supervivencia nacional.

Un bosque puede desaparecer en cuestión de horas bajo las llamas, pero puede necesitar décadas para recuperarse. Y, muchas veces, lo perdido no vuelve jamás a ser exactamente lo que fue. De ahí que las sanciones contra quienes provocan intencionalmente incendios forestales o destruyen áreas protegidas deban ser ejemplares y aplicarse sin contemplaciones ni privilegios.

Ahora bien, para exigir el cumplimiento de la ley, el Estado tiene que proporcionar los instrumentos necesarios para hacerla cumplir.

El Gobierno debe asignar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales fondos suficientes para disponer de personal entrenado, bien equipado, adecuadamente remunerado y en número suficiente para mantener una vigilancia permanente sobre nuestros parques nacionales y principales reservas forestales.

Necesitamos, si se quiere llamar así, un verdadero ejército forestal: hombres y mujeres preparados para vigilar, prevenir, detectar y actuar antes de que aparezcan las llamas o entren las motosierras. Porque proteger un bosque resulta infinitamente menos costoso que intentar recuperarlo después de que haya sido destruido.

La vigilancia debe ser estricta y permanente. También debe desarrollarse una campaña nacional que deje claramente establecido, en cada comunidad próxima a nuestros parques, que destruir deliberadamente un área protegida no es una travesura, una forma aceptable de conseguir tierras ni un delito menor. Que sepan que quien lo haga se expone a recibir una condena de hasta veinte años de cárcel.

Pero hay algo todavía más importante: la ley debe cumplirse.

De poco servirá llamar terrorismo ambiental a la destrucción de nuestros bosques si el responsable termina protegido por influencias políticas, económicas o personales. La amenaza de una pena solo disuade cuando existe la certeza de que será aplicada.

El decreto marca una línea que hacía falta trazar. Ahora corresponde convertir las palabras en vigilancia, prevención, justicia y sanciones.

Porque quien prende fuego deliberadamente a un bosque no está quemando solo árboles. Está quemando el agua de mañana, la tierra de nuestros hijos y una parte del futuro de la República Dominicana.