El Ocoeño

Por: Luis Medina Japa

En la primera entrega de este análisis abordamos cómo la maraña tributaria y burocrática sofoca el nacimiento y la sostenibilidad de los pequeños negocios en la República Dominicana. Sin embargo, el debate público suele quedarse en la superficie o en anuncios de agilización tramitológica que no atacan la causa raíz del problema.

Si queremos pasar del discurso a resultados palpables, debemos examinar los datos oficiales, corregir las distorsiones operativas del sistema y avanzar resueltamente hacia un régimen simplificado predecible, automatizado y libre de fricciones o discrecionalidades.

La radiografía de la informalidad: diagnóstico oficial

Existe la tendencia a atribuir la alta informalidad en nuestro país a una supuesta falta de “cultura tributaria” o a una resistencia ciudadana al cumplimiento. La evidencia estadística oficial desmiente esta premisa y demuestra que la informalidad es una respuesta racional ante costos de cumplimiento y cargas operativas desproporcionadas.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENMIPYMES), presentados institucionalmente por el Banco Central (BCRD) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y publicados en junio de 2024, en la República Dominicana existen 404,034 unidades Mipymes. De ese universo, el 85.2 % opera en la informalidad, mientras que apenas un 14.8 % cuenta con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) e integración al marco formal.

Frente a esta realidad, iniciativas como la facilitación para crear una empresa en 24 horas resultan insuficientes para resolver el dilema de fondo. Como ha enfatizado la gestión del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, el fomento al emprendimiento debe traducirse en un entorno operativo verdaderamente viable. El problema del emprendedor dominicano no es el tiempo que tarda en constituir una sociedad comercial en el papel; el reto real empieza al día siguiente de abrir la puerta, al enfrentarse a un engranaje impositivo pensado para estructuras corporativas multinacionales.

Drenaje operativo y la trampa del crédito público

El diseño tributario actual genera costos fijos de cumplimiento que consumen la liquidez del pequeño negocio desde la etapa inicial de sus operaciones.

Por un lado, la exigencia de reportes mensuales (formatos 606 y 607), retenciones en la fuente, pago de ITBIS sobre facturación emitida y anticipos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se activa antes de que el negocio logre consolidar su flujo de caja o verificar ganancias netas reales. Diversos análisis sectoriales coinciden en que este esquema drena más del 50 % de las ganancias potenciales de una micro o pequeña empresa.

Por otro lado, múltiples Mipymes asumen el costo de formalizarse para acceder al sistema de compras y contrataciones públicas. Sin embargo, las dilaciones en los pagos y los retrasos burocráticos por parte de las instituciones estatales ahogan su liquidez, obligándolas a tributar por ingresos que aún no han cobrado en efectivo. El pequeño proveedor termina financiando al Estado mientras la administración tributaria le exige puntualidad impositiva.

Aplicación práctica e institucionalidad

El Régimen Simplificado de Tributación (RST) constituye un avance normativo clave, con topes de ingresos que superan los RD$ 12 millones anuales y umbrales de compras sobre los RD$ 55.4 millones.

Sin embargo, la efectividad del RST como motor de inclusión masiva tropieza con la complejidad de su acceso. Al tratarse de un régimen optativo sujeto a validaciones y aprobaciones administrativas, la aplicación práctica todavía deja espacio para la discrecionalidad institucional.

Para una PyME que factura menos de RD$ 11 millones al año (aproximadamente RD$ 1 millón mensual), resulta inviable sostener el costo de contadores dedicados y auditorías continuas para el régimen ordinario. La ley debe traducirse en una entrada automática y objetiva: si el negocio cumple con el nivel de ventas, el ingreso al esquema simplificado debe ser un derecho directo y no una concesión administrativa.

La tecnología como puente y el aprendizaje regional

Más que listar nuevamente las experiencias de América Latina, la lección de fondo que nos dejan países con altos índices de formalización es que la simplificación tributaria se logra estructurando una escalera impositiva según la escala real del negocio.

En lugar de obligar al pequeño contribuyente a lidiar con múltiples liquidaciones, la administración tributaria moderna aprovecha la infraestructura tecnológica para asumir el trabajo pesado de procesamiento. Apoyándose en la facturación electrónica obligatoria y los cruces automáticos de datos, el Estado puede presentarle al contribuyente propuestas de declaración prellenadas.

En nuestro país, el objetivo de la transformación digital no debe ser multiplicar los formularios ni aumentar las fiscalizaciones sobre los mismos contribuyentes formales de siempre, sino utilizar la inteligencia de datos para volver el cumplimiento simple, predecible e invisible. La tecnología permite fiscalizar mejor sin ahogar la operación diaria del emprendedor.

Hacia un modelo de Tributo Único Proporcional

Un esquema tributario eficiente para las Mipymes debe fundamentarse en la simplicidad matemática y la certeza de costos.

A modo de estimación hipotética, si se implementara un pago único proporcional sobre ventas brutas (por ejemplo, un monto fijo anual por cada millón de pesos facturados en sectores específicos como el agropecuario o el comercio minorista), una PyME que venda RD$ 10 millones liquidaría sus obligaciones en un solo acto con un pago predecible (digamos, RD$ 150,000 anuales), eliminando anticipos y retenciones complejas.

Si un modelo simplificado de esta naturaleza lograra formalizar a solo una fracción de las más de 340,000 Mipymes que hoy operan en la informalidad, los supuestos de captación directa e indirecta sugieren que el Estado dominicano podría recaudar más de RD$ 20,000 millones de pesos adicionales al año, dinamizando la economía y ampliando de forma sostenible la base de contribuyentes.

Conclusión

La formalización tributaria en la República Dominicana no debe concebirse como un castigo ni como un laberinto burocrático. Integrar a las Mipymes al sistema formal exige reglas estables, procesos automatizados y un costo de cumplimiento proporcional a su escala operativa. Con voluntad de reforma, innovación tecnológica y reglas claras, la formalidad dejará de ser una trampa de liquidez para convertirse en la puerta de entrada al crédito, a la competitividad y al desarrollo económico nacional.