El eterno sacrificio de la Clase Media, ahora con propina legal en deliverys

Por Miguel Castillo Pimentel

Hace algunas décadas, en el marco de la aprobación de un nuevo Código de Trabajo que venía a robustecer los derechos de los empleados, se aprobó incluir en su artículo 228 que en hoteles, restaurantes, cafés, bares y negocios similares se debía agregar un porcentaje a las cuentas de consumo de los clientes consistente en el pago de una propina obligatoria del 10% en base al total consumido.

El contexto social de ese entonces y lo que llevó a que esta medida se convirtiera en ley fue una queja permanente por parte de los trabajadores de ese sector porque su salario fijo era bajo y dependían casi exclusivamente de la propina que, de manera voluntaria, daba el cliente por el servicio.

En ese momento la sociedad dominicana en todos sus niveles recibió lo más cercano a una estocada en términos económicos por parte del Estado en su conjunto y de alguna manera se inmoló, cubriendo así la falta de los empleadores de no otorgar salarios justos y competitivos a sus empleados en dicho sector, lo que los hacía depender “más de la cuenta” de una propina que el cliente, proporcional a su satisfacción con el servicio, otorgaba.

Sin embargo, las fuerzas vivas de nuestra sociedad, haciendo caso omiso a que esta medida representaba una carga más para el consumidor de una nación que veía entre sus iguales un pequeño nacimiento de una clase media que hasta ese momento era la minoría en nuestro país, aún así decidieron sacrificarse para que fuese posible garantizar un estilo de vida más digno para los empleados y “empleadores” de dicho sector, lo que se tradujo en asumir de manera inmediata la medida impuesta en nuestro Código Laboral sin mayores contratiempos. Así es como nace la figura de la Propina Legal.

A medida que ha venido pasando el tiempo y que como país, pasamos de ser una sociedad con entradas económicas limitadas y con ingresos bastante escasos para hacer frente a las demandas sociales de los ciudadanos, a convertirnos en un país de clase media con una economía que en las últimas décadas ha crecido de manera vertiginosa y se ha convertido en referente para toda la región.

De la misma manera ha venido cambiando el debate en torno a este tema; ya no se producían quejas por parte del consumidor a la hora del pago de dicha “propina legal”, sino que se cuestionaban las tensiones que la obligatoriedad de este pago creaba sobre cómo debía distribuirse esto entre los empleados del servicio o, peor aún, si realmente se distribuía.

Al día de hoy, jueves 02 de octubre del 2025, y sin el ánimo de generalizar y que paguen justos por pecadores, la realidad que se vive es que muchos de estos negocios con el dinero recaudado por concepto de Propina Legal lo destinan a gastos operativos (pago de energía eléctrica, agua o mantenimientos) y no llega a los bolsillos de quienes debe llegar: los empleados del servicio por quienes esta medida se convirtió en ley.

Sorprendentemente la historia parece no terminar aquí y es que lo que se interpretó como una conquista social en el ámbito laboral con el propósito de cubrir una falta de salarios competitivos en dicho sector y otorgar fuentes de ingresos más dignas para los trabajadores, con mucha probabilidad esto se convierta en otra “estocada económica” a una clase media que tambalea en su movilidad social entre la pobreza y la clase media baja.

Digo esto porque en días pasados se aprobó en primera lectura, por parte del Senado de la República la extensión de la Propina Legal a compras que tengan como fin el consumo fuera del lugar que produce el servicio, dígase que se le aplicará un 10% de propina legal a compras realizadas por plataformas digitales radicadas en nuestro país como PedidosYa, Uber Eats y demás.

Esta medida no solo va en contra de pasadas declaraciones en fallos de la Suprema Corte de Justicia (033-2021-SSEN-00765) y de instituciones como Pro Consumidor, que está en la facultad legal para ser la Autoridad Nacional del Mercado, sino que también incumple la idea inicial por la cual se aprobó este cobro obligatorio, que fue usando el razonamiento de no solo tomar en cuenta la comida o el servicio ofrecido, sino que el cliente también debía pagar por el uso integral de las facilidades brindadas: desde el parqueo, uso de sillas y mesas, hasta servicios esenciales como el agua o la electricidad. En otras palabras, la propina legal se concibió como un reconocimiento al servicio en sentido amplio, que trasciende la simple preparación de un producto.

Estas y otras razones nos producen algunos cuestionamientos, como por ejemplo: ¿Cuál es la razón real, si dentro de esas plataformas vemos que el servicio de envío es pagado en cada pedido y que se tiene la opción de dejar propina? o ¿sería esto conveniente para los socios de esas plataformas?

De lo que sí estoy claro y que es difícil de asumir es que la clase media de nuestro país sea siempre la eterna sacrificada a la hora de poner en marcha una medida para el beneficio de un sector. Dicho esto, hago un llamado responsable a que el Senado de la República le dé otro tipo de análisis a este debate en segunda lectura o que, en su defecto, la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto y rectifique lo que se pretende hacer allí. Como joven y ciudadano dominicano, no percibo la idea de que un Congreso Nacional sea de los enemigos más directos de una clase media que lo que más hace es aportar al fisco.