Por Omar Ureña
El debate sobre la actuación policial frente a la delincuencia vuelve al centro de la discusión pública. Bajo la fórmula popularmente conocida como “poner en 29” —eufemismo utilizado para referirse a la eliminación física de presuntos antisociales—, se oculta una práctica que erosiona las bases mismas del Estado social y democrático de derecho.
El principal riesgo de avalar las muertes a manos de las fuerzas del orden al margen de los tribunales es tan evidente como trágico: la caída de personas inocentes en el fuego cruzado o en equivocaciones fatales. El derecho a la vida constituye el pilar primordial sobre el cual reposan los demás derechos humanos.
En un sistema constitucional, ninguna autoridad posee la facultad de arrebatar la vida a un ciudadano basándose en meras sospechas o señalamientos informales.Toda persona goza de la presunción de inocencia hasta que una sentencia judicial firme declare lo contrario. Incluso cuando concurran elementos que incriminen directamente a un individuo en la comisión de un delito, la legislación establece de manera clara y categórica los cauces correspondientes: detención, procesamiento con garantismo penal, juicio imparcial y cumplimiento de la pena imponible.
Cuando la policía actúa como juez y ejecutor, no está combatiendo el crimen; está adoptando sus mismos métodos. Las intervenciones que culminan en la muerte no justificada de sospechosos no son excesos aislados ni actos de eficiencia policial: son ejecuciones extrajudiciales. Preservar la seguridad ciudadana requiere institucionalidad y apego riguroso a la ley; lo contrario es ceder ante la barbarie.
Si ombe si!
