La tala de árboles en Baní: entre la responsabilidad institucional y la disputa política
Por Efraín Arias Valdez
La tala de árboles en las inmediaciones de la Gobernación Provincial y del edificio de Oficinas Públicas de Baní, realizada como parte de un proyecto de remodelación del Gobierno central, ha generado una controversia que trasciende la legítima preocupación ambiental y parece haber reavivado las disputas internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Según se ha planteado, algunos de esos árboles, de varias décadas de existencia, presentaban deterioro y ocasionaban daños al pavimento y a las estructuras cercanas, circunstancias que podrían justificar su sustitución. Sin embargo, lo que debió ser un debate sobre la protección ambiental y la modernización de las instalaciones públicas parece haberse convertido en un escenario de confrontación política.
Enarbolando la bandera de la defensa ecológica, determinados sectores han desplegado cuestionamientos en medios de comunicación y redes sociales que parecen dirigidos más a desacreditar a la gobernadora provincial, Ángela Yadira Báez, que a esclarecer las verdaderas responsabilidades por la tala.
Resulta llamativo que se pretenda colocar en el centro de las acusaciones a la gobernadora, cuando no tiene entre sus atribuciones legales otorgar los permisos ambientales o municipales correspondientes. ¿Por qué Yadira? Esto constituye un contrasentido, pues la responsabilidad administrativa no puede establecerse por conveniencia política, sino conforme a las competencias de cada funcionario y su participación efectiva en los hechos.
En medio de esta polémica, el alcalde Santo Ramírez declaró que el Ayuntamiento de Baní no recibió solicitud alguna para autorizar la tala y aclaró que la gobernadora no tuvo responsabilidad en esos hechos. Por su parte, el senador Julito Fulcar expresó públicamente su rechazo a la tala indiscriminada y coincidió en desvincular a la funcionaria de lo ocurrido.
Pero las declaraciones del alcalde dejan planteada una interrogante de particular interés político: si el Gobierno central, responsable del proyecto de remodelación, hubiera solicitado formalmente la autorización, ¿habría estado dispuesto el alcalde a negarle ese permiso al Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, perteneciente a su misma organización política?
La pregunta adquiere mayor relevancia si se considera que el Ayuntamiento tiene competencias legales para autorizar o rechazar estas intervenciones, conforme a las condiciones establecidas por la normativa aplicable. Su decisión, naturalmente, tendría que sustentarse en criterios técnicos y legales, independientemente de cualquier afinidad partidaria.
¿Habría concedido el alcalde la autorización si existieran razones técnicas suficientes para sustituir los árboles? Y, de haberlo hecho, ¿habrían mantenido quienes hoy denuncian un supuesto ecocidio la misma intensidad de sus cuestionamientos?
Estas interrogantes no desconocen la obligación de cumplir las normas ambientales. Lo que se cuestiona es la posible utilización selectiva de una controversia administrativa para alimentar rivalidades políticas.
Porque detrás de esta polémica parece existir algo más que una preocupación por los árboles.
Las pugnas internas por el liderazgo del PRM en Peravia no son ajenas a quienes seguimos de cerca el acontecer político provincial. En ese contexto, resulta razonable preguntarse si los cuestionamientos dirigidos contra la gobernadora no persiguen, en realidad, un objetivo de mayor alcance: debilitar la influencia política del senador Julito Fulcar.
No sería extraño que la gobernadora se haya convertido en el blanco inmediato de una ofensiva cuyo verdadero destinatario sea el senador. La aparente intención de promover su destitución y sustituirla por una figura vinculada a otro sector político refuerza esa interpretación, aunque corresponde distinguir las aspiraciones partidarias de los hechos que puedan demostrarse.
Ángela Yadira Báez, mujer de reconocida trayectoria política y vocación de servicio, merece ser evaluada por su gestión y sus responsabilidades reales, no por acusaciones que puedan responder a intereses ajenos a su desempeño institucional.
La impresión que deja esta controversia es que ciertos sectores, no conformes con la influencia que ya ejercen en el Ayuntamiento, algunas juntas distritales y otras instituciones públicas, pretenden extender su control a nuevos espacios de poder, desplazando a quienes no responden a sus intereses.
Baní necesita obras gubernamentales dignas, protección de sus recursos naturales y autoridades capaces de actuar con responsabilidad. Si hubo irregularidades en la tala, que se investiguen y se establezcan las consecuencias correspondientes. Si existían razones técnicas para sustituir los árboles, que se expliquen y se adopten las medidas de compensación ambiental necesarias.
Lo que no resulta aceptable es convertir una controversia ambiental en un instrumento para desacreditar funcionarios o librar batallas internas por el control político de la provincia.
Porque una cosa es defender los árboles de Baní y otra, muy distinta, utilizarlos como leña para alimentar el fuego de las ambiciones políticas.
