Autoridades de Ocoa defienden imagen de la provincia y dicen: “no puede ser definida por acciones de una minoría”

San José de Ocoa

La gobernadora provincial Josefa Oliva Castillo, el senador Aneudy Ortiz Sajiún y la diputada Yalis Soto rechazaron los intentos de estigmatizar a San José de Ocoa por hechos aislados vinculados a actividades ilícitas, al afirmar que la provincia no puede ser definida por acciones particulares que no representan la identidad, la historia ni los valores de su gente.

Las autoridades coincidieron en defender el buen nombre de Ocoa en medio del debate público generado tras la publicación de un artículo titulado “Ocoa: ¿Jardín del narcotráfico?”, de la periodista Rossanna Figueroa,  difundido en Diario Libre. En sus declaraciones, llamaron a permitir que las investigaciones sigan su curso, identificar a los responsables directos y evitar generalizaciones que puedan afectar la reputación de miles de productores, trabajadores y familias ocoeñas.

A través de un comunicado, la Gobernación Provincial de San José de Ocoa, encabezada por Josefa Oliva Castillo, expresó su confianza en el trabajo del Ministerio Público y los organismos de seguridad, a quienes corresponde investigar, perseguir y someter a la justicia a toda persona que infrinja la ley.

No obstante, la institución consideró injusto e irresponsable pretender definir a toda una provincia por hechos particulares.

“San José de Ocoa no puede ni debe ser definida por las acciones de unos pocos”, enfatizó la Gobernación.

La entidad sostuvo que la verdadera identidad de Ocoa está representada por su gente trabajadora, sus campos productivos, sus valores comunitarios y su firme compromiso con el desarrollo nacional. En ese sentido, resaltó que la provincia concentra alrededor del 40 % de la producción agrícola bajo ambiente controlado del país, con Rancho Arriba como referente nacional en producción de invernaderos.

De su lado, el senador Aneudy Ortiz Sajiún rechazó de manera categórica cualquier narrativa que intente asociar a la provincia con actividades ilícitas, al considerar que esa visión desconoce el esfuerzo histórico de generaciones de ocoeños.

“San José de Ocoa es un jardín de producción agrícola y grandes valores humanos. Es una provincia de oportunidades, de gente buena y de sueños que se construyen con trabajo”, expresó el legislador.

Ortiz Sajiún destacó que Ocoa es reconocida en todo el país por la producción de ajíes, tomates, aguacates y una amplia variedad de cultivos desarrollados bajo ambiente controlado y a campo abierto. También subrayó el aporte provincial en rubros como papa, fresa, repollo y café, que abastecen mercados nacionales y contribuyen a la seguridad alimentaria del país.

El senador afirmó que no acepta que el esfuerzo de hombres y mujeres trabajadores sea reducido a una narrativa que desconozca la historia, los valores y los aportes de la provincia.

La diputada Yalis Soto también expresó su más enérgico rechazo a los intentos de desacreditar la imagen de San José de Ocoa, y recordó que la provincia ha sido reconocida como la “Meca de los Vegetales” por su liderazgo agrícola.

“San José de Ocoa posee alrededor del 50 % de la producción en ambiente controlado medida por metros cuadrados, lo que demuestra nuestra capacidad de innovación, productividad y compromiso con la seguridad alimentaria del país”, manifestó Soto.

La legisladora lamentó que se pretenda empañar décadas de trabajo honesto con narrativas que, según dijo, no reflejan la verdadera esencia del pueblo ocoeño.

“Ocoa es tierra de hombres y mujeres trabajadores, emprendedores y de valores, cuyo legado merece respeto y reconocimiento”, afirmó.

Soto también expresó solidaridad con agricultores de mayor edad que, por el desgaste físico propio de los años, se ven obligados a arrendar sus tierras para mantenerlas productivas. A su juicio, esos hombres y mujeres son los verdaderos constructores del prestigio agrícola de San José de Ocoa.

Las tres autoridades coincidieron en que corresponde a los organismos competentes profundizar las investigaciones, identificar a los responsables directos y aplicar la ley, sin que ello implique afectar la imagen colectiva de una provincia reconocida por su producción, hospitalidad, esfuerzo y vocación de progreso.