El Ocoeño

Por Alfredo Arias
alfredoariaslara@gmail.com

Conforme lo establece nuestra Constitución vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho, cuya función esencial: ” es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.

Esto solamente está consagrado en la Carta Magna, porque para una gran parte de nuestras autoridades públicas, el Estado es otra cosa, es una especie de negocio para enriquecerse de la noche a la mañana. Lo vemos a diario, desde siempre.

Y, es que el fantasma de lo incorrecto, lo indecente, lo ilícito, la falta de transparencia y rendición cuentas verdaderas, la corrupción y la ambición desmedida por la acumulación material, recorre conjuntamente con muchos de los nuevos incumbentes, al igual que ayer, por los despachos de la administración pública, desangrando erario, el tesoro público.

De ahí que, con frecuencia en nuestro país, una buena parte de los funcionarios públicos exhiben un estilo de vida que no se corresponde con la proporción de sus salarios oficiales, normales, reales. Esto se observa, a todos niveles, tanto en las autoridades electas por el voto popular, como en los que ostentan cargos originados por decretos del Ejecutivo, claro siempre con las honrosas excepciones de servidores públicos, que en el tren del desempeño de sus funciones lo hacen de conformidad a la Constitución, las leyes, la ética, la moral y las buenas costumbres.

No por casualidad, sino como dice el imaginario popular: que lo mucho hasta Dios lo ve, fue que recientemente la Magistrada Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, no solo se pronunció al respecto, sino que fue más lejos advirtiendo a los funcionarios públicos con vida lujosa que podrían ser investigados si su forma de vida no se corresponde con sus salarios.

Se traduce en una necesidad vigilar, el estilo de vida lujosa que proyectan con autos de alta gama, viajes constantes al exterior, residencias y apartamentos ostentosos, villas, propiedades inmobiliarias…indiscutiblemente desproporcionales con los montos de sus salarios normales.

Dando un vistazo a la realidad dominicana, encontremos que la mayoría de los cargos públicos cuentan con remuneraciones que, aunque muy por encima del ingreso promedio nacional, no permiten ni justifican sostener tantos lujos millonarios.

Siendo así las cosas,  y mencionando, como lo hicimos en otra parte de estas líneas, una relación no limitativa, es que surge la pregunta, ¿si no es el sueldo lo que financia los lujos de un funcionario público, de dónde provienen esos recursos?

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El autor es ocoeño, educador, abogado, comunicador y candidato a analista político.