Opiniones

Pena de muerte en la República Dominicana, disfrazada de intercambios de disparos

Por Alfredo Arias

Fijaos bien. Aunque la Constitución de la República Dominicana prohíbe expresamente y con claridad meridiana la pena de muerte, al indicar que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, y que, además, no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena capital, en la práctica se ha configurado una forma de ejecución extrajudicial institucionalizada, manifestada preocupantemente en los denominados ” intercambios de disparos “.

Este eufemismo, utilizado con frecuencia en las esferas de los mandos policiales, en la prensa tradicional, en las redes sociales y de boca en boca en realidad encubre un fenómeno que a diario atenta directamente a la vida y al debido proceso de ley, toda vez que nuestra Carta Magna consagra manifiestamente que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. ; estableciendo también nuestra Constitución que, es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona y el respeto de su dignidad.

En el marco de un largo proceso de reforma y modernización de la policía nacional, concomitantemente con la intención oficial de disminuir la insoportable inseguridad ciudadana, el discurso recurrente de las autoridades del sector, suelen presentar estos hechos de sangre y que cobran vidas de personas, como enfrentamientos inevitables entre las fuerzas del orden y presuntos delincuentes. Sin embargo, múltiples testimonios y reportes inequívocos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sugieren que en muchos casos, se trata de ejecuciones sumarias, realizadas al margen de la ley y sin control judicial. Recordemos la muerte de una pareja de jóvenes evangélicos a manos de la policía que desató una ola de indignación en nuestro país. Lo cual ocurrió a finales de marzo de 2021 cuando sin mediar palabras patrocinaron una balacera, segándole la vida en ese acto innecesario a los ciudadanos José Díaz y Elizabeth Muñoz.

Que lamentable, que de esta mamera se ha normalizado una práctica incompatible con los principios teóricos, no así prácticos, del llamado Estado Social y Democrático de Derecho y en los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el país es signatario.

El problema de la pena de muerte, disfrazada de Intercambios de disparos, trasciende la dimensión policial: revela deficiencias estructurales en sistema de justicia, debilidad institucional, degradación social de los órganos represados del Estado y una asombrosa cultura de la impunidad. La justificación constante de estos hechos – bajo la premisa de “limpiar las calles”, “combatir la delincuencia”, o el famoso “darle pa’ bajo”, demuestra un deterioro del imaginario colectivo respecto al valor de la vida humana y la confianza en las instituciones legales y en las de preservar vidas.

Podríamos recordar, también, un hecho que estremeció la consciencia nacional toda, nos referimos a la masacre ocurrida en la Barranquita, de la ciudad de Santiago de los Caballeros el pasado 10 de septiembre de 2025, donde cinco personas resultaron muertas durante un extraño operativo policial. Caso éste que fue calificado como ejecución extrajudicial por Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público.

Desde una perspectiva jurídica y ética, resulta imperativo cuestionar el uso de la fuerza letal fuera de los parámetros establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

En síntesis, la supuesta desaparición de la pena de muerte en la República Dominicana es, en realidad, una abolición formal, pero no efectiva, lo que se evidencia cada día en los irritantes y  mal llamados “Intercambios de disparos”.

El autor es Ocoeño, Educador, Abogado, Comunicador y Analista Político.
alfredoariaslara@gmail.com

Redacción El Ocoeño

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