Por Alfredo Arias
Debemos reconocer, en honor a la verdad, que, en la República Dominicana en los últimos cinco años, se le han asestados golpes considerables al manto de la impunidad que durante décadas se mantiene protegiendo los delitos de cuello blanco.
Sin embargo, quedan desafíos pendientes que exigen mucho más que cambios coyunturales, que realmente superen las señales que todos conocemos al respecto. Esto así, para desmantelar más efectivamente el andamiaje existente hace bastante tiempo de los delitos indicados más arriba, los cuales han corrompido varías instituciones, el sistema de partidos y las estructuras económicas del Estado.
Ahora bien, ¿cuándo hablamos de los delitos de cuello blanco, a qué nos referimos? Las teorías vinculantes y los expertos en la materia, se refieren a los ilícitos cometidos por personas de alto estatus social, económico o político, generalmente en el ejercicio de funciones públicas o empresariales, con el propósito de obtener beneficios financieros o de poder mediante el abuso de confianza, la manipulación administrativa o el uso indebido de recursos públicos o privados. De ahí que, una de las verdaderas tareas pendientes de la nación dominicana consiste en hacer esfuerzos para poner fin a la impunidad selectiva que, hoy por hoy, ha enriquecido a unos pocos a costa del sufrimiento, la pobreza y el sacrificio de muchos.
Señores, aquí en República Dominicana desde la presencia de la degradación misma de la esencia del sistema de partidos, tenemos los llamados políticos megáricos, cuya fortuna, en la mayoría de los casos no pueden justificar ni con la vida de trabajo continuo, honesto, representando uno de los rostros y ejemplos más visibles de esta distorsión moral.
Sus patrimonios crecen, más o menos igual que al ritmo de los contratos públicos, las licitaciones acomodadas, las exenciones discrecionales, el tráfico de influencia y los privilegios del poder. A lo cual se suman, cada vez mayor, el número de exfuncionarios que nunca han transparentado sus enormes fortunas, pese a que sus bienes se multiplicaron durante su paso por la administración pública.
La indelicadeza y la desnaturalización llegan más lejos cuando, en los procesos internos de los partidos precandidatos imponen sus triunfos a fuerza del dinero proveniente de fuentes de dudosa reputación, desplazando a dirigentes y aspirantes con méritos, con trayectorias, y con excelentes propuestas. Este fenómeno, es muy conocido por las cúpulas partidarias como también tolerado, contaminando de esta mamera las organizaciones políticas y haciendo del dinero el principal factor a tomar en cuenta de acceso a las cuotas de poder político y administrativo.
Hoy, la gravedad de esta situación descrita con anterioridad, y que padece nuestro país, se hace más evidente y se confirma de manera inequívoca ante la existencia de procesos judiciales, a nivel nacional e internacional, que involucran a políticos de alto perfil, a jerarcas militares, legisladores e incluso a alcaldes municipales y a regidores, señalados de tener vínculos con el crimen organizado y lavado de activos.
Para continuar desmantelando los delitos de cuello blanco, esto significa seguir reconstruyendo la confianza en las instituciones, que no por casualidad ” más del 58% de los jóvenes dominicanos desconfían de las instituciones “, (PNUD, 2024 ). Y esa confianza, subrayo, se podrá alcanzar cuando la corrupción, el crimen de cuello blanco deje de ser un ilícito en connivencia con el poder político y económico.
El autor es Ocoeño, Educador, Abogado, Comunicador y Analista Político.
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