Por Luis Gonzalez Fabra
Son 16 las veces que nuestro país ha acudido ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas clamando, casi en solitario, porque la comunidad internacional preste atención a la tragedia de Haití. Hoy ya no queda espacios para advertencias: la situación en el vecino país ha colapsado por completo.
Es un colapso total. Las pandillas hacen y deshacen a su parecer. Lo que antes era una crisis profunda se ha transformado en un caos incontrolable. El gobierno haitiano es apenas una sombra sin autoridad real.
Las instituciones públicas han dejado de operar y las pandillas armadas controlan barrios, puerto, rutas comerciales y hasta regiones completas de ese país.
Los desplazamientos forzados son parte de la vida de las sufridas familias que huyen de 180 bandas que criminalizan todo lo que tocan, hasta los cultivos los destrozan. Son fieras.
El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que Haití es uno de los países del mundo con mayor riesgo de inanición, es decir “un estado avanzado de desnutrición en que el cuerpo comienza a descomponer tejidos vitales para sobrevivir”.
Según ese informe de la FAO la mitad de la población haitiana pasa hambre y unos tres millones de ellos entró en fase catastrófica o de emergencia.
En Puerto Príncipe no hay ley que no sea la que imponen las bandas criminales. La violencia es la norma y la inseguridad una constante ineludible.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez enfatizó en su discurso ante el Consejo de Seguridad que la situación “no admite ambigüedades”. Dejó saber que es la décimo sexta ocasión en que habla en ese foro para tratar la crisis haitiana “y cuyos efectos gravemente afectan mi país”, dijo.
Estados Unidos y otras naciones han cerrado sus embajadas y evacuado a su personal diplomático. Haití ha quedado aislado, abandonado a su suerte.
Kenia envió una fuerza de apoyo, acogiéndose a una decisión del Consejo de ONU, pero carecen de logística y de respaldo adecuado. Lo que llegó fue, un contingente mal armado, sin poder de fuego ni equipos comparables a los que usan las pandillas, que muestran armamentos modernos y financiamiento del exterior.
Hasta ahora nadie ha tenido la valentía de señalar públicamente quien o quienes suministran esas armas que superan en mucho a las que poseen los agentes de Kenia.
Para nosotros como país el colapso de Haití representa una amenaza directa. Compartimos una isla, una frontera porosa, una historia compleja y una geografía que impide la indiferencia. No podemos ni debemos cargar solos con la consecuencia de una tragedia que tiene raíces globales y responsabilidades múltiples.
Y, además, esta situación tiene un alto costo para los dominicanos. El gobierno se ha visto obligado a mantener una tropa especial permanente y reforzada en la frontera con Haití, para evitar una posible avalancha humana de millones de haitianos que podrían intentar cruzar en busca de refugio. Este despliegue militar, con todos sus recursos logísticos y operacionales, representa un esfuerzo enorme en términos financieros y humanos, que limita la inversión en otras áreas prioritarias del país. La estabilidad dominicana, aunque firme, no es infinita.
La comunidad internacional tiene que entender que no se trata solo de un problema de migración y seguridad. Se trata de humanidad, de responsabilidad compartida, de justicia, Haití necesita más que promesas diplomáticas. Necesita una acción firme, coordinada y eficaz de parte de la comunidad internacional.
No para ocupar ni imponer, sino para ayudar a reconstruir lo que hoy está en ruinas: su institucionalidad, su economía, su esperanza.
Haití se desangra y el mundo mira hacia otro lado.
