Por Shayne Chalas Ortiz
El Estado, sobre todo en la región de Latinoamérica, en sentido ético, moral, reputacional y regulatorio enfrenta un gran desafío que por décadas ha costado tratar y mitigar: la corrupción administrativa.
Este fenómeno no es un problema político en sí mismo, es un problema humano provocado por la avaricia sin límites, por el deseo insaciable de tener más aunque otros tengan menos, por el ánimo de llenar bolsillos mientras se vacían las esperanzas de todo un pueblo.
La corrupción ha distorsionado la naturaleza del servicio público. Y, me pregunto ¿dónde quedó el servir a la nación con honor?
Para analizar la respuesta a esta pregunta, me resulta inevitable evocar la figura de Juan Pablo Duarte y Díez, padre de la patria dominicana y firme precursor del postulado según el cual “el servicio y el honor son inseparables”. A la luz de los acontecimientos de los últimos tiempos en nuestro país, es razonable pensar que Duarte se sentiría profundamente decepcionado, pues tristemente, la esencia de la misión por la que tanto luchó se ha transformado en una cacería de recursos y privilegios por encima de todo y de todos.
Uno de los casos de corrupción más recientes, sujetos a investigación y actuación por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) es la denominada Operación Cobra, la cual involucra a exfuncionarios, funcionarios en ejercicio, particulares y empresas vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SENASA), la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública creada para garantizar el acceso a servicios de salud a la población en situación de mayor vulnerabilidad.
La gravedad de este caso radica en que los hechos señalados: coalición de funcionarios, prevaricación, malversación de fondos, sobornos, estafa, abuso de poder, falsificación, adjudicaciones contractuales irregulares, lavado de activos y otros supuestos ilícitos penales han visibilizado los riesgos de integridad e incumplimiento y las fallas estructurales en los sistemas de control interno del Estado. Y más aún, han comprometido no solo el erario público, sino el goce efectivo y directo del derecho fundamental a la salud, así como a la dignidad humana en sentido general.
Lo más doloroso es que muchos hemos dejado de sorprendernos. Sentimos impotencia, porque pareciera que nada cambia o mejora. Aquí, el común denominador es el hecho de que, la corrupción siempre tiene un precio y quienes terminamos pagándolo somos nosotros: los millones de ciudadanos de a pie, especialmente la clase trabajadora.
La Constitución Dominicana en sus artículos 138 sobre los Principios de la Administración pública, 139 sobre el Control de Legalidad de la Administración pública y 146 sobre la Proscripción de la Corrupción, así como las disposiciones de la Ley Núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, colocan como parte cardinal de la buena administración y el buen gobierno actuar con apego activo y estricto a diversos principios, entre ellos la legalidad y la transparencia. Sin embargo, todo apunta como si al momento de asumir un cargo de alto nivel público, esto fuese un simple texto sin efecto y no un deber real.
A veces pienso que se ha olvidado que el poder se acaba, que no hay gloria que valga si para alcanzarlo hay que corromperse. Pareciera como si la línea que separa el servir del aprovecharse y el construir del destruir, se borrara. Todo lo que nace de lo ilícito sumándole la indiferencia frente al sufrimiento y el empobrecimiento ajeno, no se queda oculto, pues tarde o temprano se revela y se derrumba. La integridad es lo único que permanece y trasciende… en nuestra historia, en nuestro nombre, en la mirada de nuestra familia y en la paz de nuestra alma.
La corrupción es un mal humano, una herida abierta… capaz de erosionar la confianza ciudadana, de frenar el desarrollo económico, de arrebatar oportunidades, atenciones, servicios a quienes más los necesitan, de poner en detrimento el sentido de conciencia, de principios y de valores, y más allá, de desproteger el presente y sacrificar el futuro de una sociedad completa.
