Por Arsenio Jiménez, M.A.
Abogado litigante, catedrático universitario y magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional
La investigación y persecución de los delitos constituyen una de las funciones esenciales del Estado. Sin embargo, en un Estado Social y Democrático de Derecho, la eficacia de la persecución penal no puede alcanzarse a costa del sacrificio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Constitución de la República Dominicana reconoce amplias facultades a los órganos encargados de la investigación criminal, pero al mismo tiempo establece límites claros e infranqueables destinados a impedir el ejercicio arbitrario del poder.
En ese contexto, el artículo 40 de la Constitución consagra el derecho a la libertad y seguridad personal, garantizando, entre otras prerrogativas, la inviolabilidad del domicilio y de los espacios privados, prohibiendo que cualquier autoridad penetre en ellos sin el cumplimiento de las formalidades establecidas por la ley, salvo las excepciones expresamente previstas. Esta disposición constituye una de las manifestaciones más importantes de la protección de la dignidad humana frente a la actuación estatal.
Por su parte, los artículos 68 y 69 de la Constitución imponen a todos los órganos del Estado el deber de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva y el respeto irrestricto del debido proceso. En consecuencia, ninguna investigación penal puede desarrollarse al margen de las garantías constitucionales, aun cuando persiga un fin legítimo como la persecución del delito.
En desarrollo de esos principios constitucionales, el artículo 184 del Código Procesal Penal regula el registro de locales públicos y dispone que, cuando dentro de estos existan oficinas, habitaciones, muebles, compartimientos o dependencias destinadas exclusivamente a fines privados, su registro deberá realizarse conforme a las normas aplicables al registro de recintos privados. En consecuencia, el simple hecho de que un inmueble sea accesible al público no elimina la protección constitucional de aquellos espacios destinados al uso privado.
Esta disposición posee una enorme trascendencia práctica, pues reconoce que el derecho a la privacidad no desaparece por encontrarse dentro de un establecimiento comercial, una empresa, una finca, una oficina o cualquier otro lugar parcialmente abierto al público. Allí donde exista un espacio reservado para el uso privado subsiste plenamente la protección constitucional.
La regla general es clara: El ingreso a un recinto privado requiere autorización judicial previa, emitida por el juez competente, salvo los casos excepcionales expresamente previstos por la ley. Dicha autorización no constituye una simple formalidad procesal; representa una garantía constitucional destinada a impedir actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades investigativas.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sostenido de manera constante que toda limitación a un derecho fundamental debe satisfacer los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. De igual modo, la Suprema Corte de Justicia ha reafirmado que las actuaciones investigativas practicadas con vulneración del debido proceso pueden dar lugar a la exclusión de las pruebas obtenidas ilícitamente, en protección de las garantías constitucionales y de la integridad del proceso penal.
Un ejemplo reciente de la aplicación de estos principios ocurrió en la jurisdicción penal de San José de Ocoa, donde la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción, mediante la Resolución Núm. 0497-2026-SMED-00324, de fecha 10 de julio de 2026, dispuso la libertad pura y simple de tres ciudadanos, al comprobar que las autoridades penetraron a una finca privada sin la correspondiente autorización judicial y sin que concurrieran las circunstancias excepcionales previstas por el Código Procesal Penal. La decisión constituye una importante reafirmación del principio de legalidad, de la inviolabilidad de los recintos privados y del respeto al debido proceso, dejando claramente establecido que la lucha contra la criminalidad no autoriza a desconocer las garantías constitucionales que protegen a todos los ciudadanos.
Este precedente confirma que el artículo 184 del Código Procesal Penal no puede interpretarse de manera aislada, sino en armonía con los artículos 40, 68 y 69 de la Constitución, formando un verdadero sistema de protección de los derechos fundamentales frente al ejercicio del poder punitivo del Estado.
Como enseñaba el destacado procesalista Eduardo J. Couture, “El Procedimiento no es el Enemigo de la Justicia, sino su garantía”. Esta máxima mantiene plena vigencia en el proceso penal contemporáneo. El respeto a las formas constitucionales no debilita la investigación criminal; por el contrario, la legitima y fortalece la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
En un auténtico Estado Social y Democrático de Derecho, la fortaleza de las instituciones no depende de la amplitud de las facultades conferidas a las autoridades, sino de su sometimiento absoluto a la Constitución y a la ley. La legalidad no constituye un obstáculo para la justicia; representa la condición indispensable para alcanzarla.
La inviolabilidad de los recintos privados no protege únicamente un espacio físico; protege la libertad, la dignidad, la intimidad y la seguridad jurídica de todas las personas. Permitir que el Estado penetre arbitrariamente en esos espacios equivaldría a debilitar uno de los pilares esenciales del constitucionalismo moderno.
En definitiva, el respeto al artículo 184 del Código Procesal Penal, interpretado conforme a los artículos 40, 68 y 69 de la Constitución, reafirma que en la República Dominicana el poder público encuentra su fundamento y, al mismo tiempo, su límite en la Constitución. Ninguna autoridad está por encima de ella. La verdadera justicia solo puede construirse sobre la base del respeto al debido proceso, la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos fundamentales, principios que constituyen la esencia misma del Estado Social y Democrático de Derecho.
La reflexión final es inevitable: si el propio Estado, llamado a ser el primer garante de la Constitución, puede penetrar en un recinto privado sin autorización judicial y al margen de las garantías del debido proceso, ¿qué seguridad jurídica les queda a los ciudadanos frente al ejercicio del poder público? La respuesta a esta interrogante definirá siempre la diferencia entre un Estado sometido al imperio de la Constitución y un Estado en el que prevalezca la arbitrariedad sobre el derecho.
