Entre la soberbia del poder y el desafío del juicio penal: caso Jean Alain Rodriguez
Por Alfredo Arias Lara
El poder suele producir una peligrosa ilusión: la de creer que la autoridad es permanente y que las decisiones adoptadas desde una alta función pública jamás serán sometidas al escrutinio de la historia ni al juicio de los tribunales. Sin embargo, la realidad termina recordando que en un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho nadie debería situarse por encima de la ley.
La trayectoria pública del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, constituye uno de esos casos que invitan a la reflexión. Quien ejerció la máxima autoridad del Ministerio Público, con amplias facultades para dirigir la persecución penal, hoy enfrenta el desafío de responder personalmente ante la justicia por hechos que el órgano acusador considera constitutivos de graves actos de corrupción administrativa, acusaciones que deberán ser demostradas o descartadas exclusivamente mediante un juicio de fondo.
Durante su permanencia al frente de la Procuraduría General de la República, diversos sectores de la sociedad percibimos un estilo de dirección caracterizado por la rigidez, la concentración del poder y una actitud, además, que muchos calificamos de soberbia. Esa percepción se extendió incluso al trato dispensado a una exprocuradora general de la República, Magistrada Miriam Germán Brito, acontecimiento de triste recordación, que, para numerosos observadores reflejó una preocupante ausencia del respeto institucional que siempre debe prevalecer entre quienes han ocupado tan elevada investidura.
A ello se sumaban las persistentes opiniones que atribuían al entonces procurador aspiraciones presidenciales, alimentadas por la extraordinaria publicidad que proporciona el ejercicio de una función llamada constitucionalmente a actuar con objetividad, independencia e imparcialidad.
No escaparon tampoco al conocimiento público los concursos para la selección de fiscales realizados durante aquella gestión. Diversas voces autorizadas denunciaron presuntas irregularidades y cuestionaron la transparencia de esos procesos, aportando elementos que justificaban una revisión rigurosa.
Igualmente permanece en la memoria colectiva el muy mal manejo del expediente Odebrecht durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, considerado por numerosos juristas como una oportunidad desaprovechada para establecer un precedente histórico en la lucha contra la corrupción. Las críticas sobre la ” extraña ” instrumentación de ese proceso continúan siendo objeto de análisis en los círculos jurídicos, académicos y políticos.
Hoy la realidad es otra. Quien dirigía la persecución penal comparece como acusado, por la supuesta comisión de graves actos de corrupción durante su mandato al frente de la Procuraduría General de la República. En el ejercicio legítimo de su derecho de defensa, ha promovido diversos incidentes y recursos procesales. Para unos, se trata del uso correcto de las garantías constitucionales; para otros, nos incluimos, constituye una estrategia orientada a prolongar el proceso y evitar que el expediente llegue cuanto antes al conocimiento del juicio de fondo.
Esta situación deja una enseñanza que trasciende a una persona y alcanza a toda la institucionalidad dominicana. El poder nunca debería convertirse en instrumento de arrogancia ni en plataforma de proyectos personales. Mucho menos cuando se administra la justicia en nombre de toda la sociedad.
La democracia exige funcionarios conscientes de que sus decisiones algún día podrán ser examinadas con el mismo rigor que ellos aplicaron a los demás. Esa es la esencia de la igualdad ante la ley.
Ni la condena anticipada ni la impunidad fortalecen la justicia. Lo que la ciudadanía espera es un proceso transparente, sin privilegios, sin dilaciones indebidas y sin interferencias de ninguna naturaleza. Que las pruebas hablen; que la defensa ejerza plenamente sus derechos; que los jueces decidan con independencia.
Solo entonces la sentencia, cualquiera que sea su resultado, tendrá la autoridad moral y jurídica que demanda una sociedad cansada de ver cómo el poder cambia de manos, pero las mismas interrogantes permanecen sin respuesta.
Porque el verdadero legado de un funcionario público no lo determina el cargo que ocupó, sino la forma en que la historia y la justicia terminan juzgando el uso que hizo del poder que el pueblo confió en sus manos.
El Autor es Ocoeño, Educador, Abogado y Analista Político.
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